Juan José Marqués
La falsa huelga insolidaria de controladores aéreos no sólo restringió ayer el derecho a la libre circulación de cientos de miles de ciudadanos, sino que provocó que, por primera vez en la España democrática, se decretase el estado de alerta, que también suspende temporalmente otros derechos. Una de las damnificadas fue la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Manuela Carmena, que tuvo que llegar en tren a Cádiz y retrasar su intervención en las VII Jornadas Internacionales que organiza la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. "Yo creo que la medida está justificada -dijo a pregunta de este periódico- porque está encaminada a solventar una situación de caos que sufre la mayoría, que han creado unos pocos en su propio beneficio".
Los periodistas Rosa María Calaf y Juan José Téllez.
Abogada laboralista y jueza de vigilancia penitenciaria en Carabanchel antes que magistrada, Carmena contó su experiencia como relatora del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dedicada al control de las detenciones arbitrarias. "He visto de todo: comisarías en las que los policías pegaban a los detenidos con un bate en el que estaban inscritas las palabras Derechos Humanos y cárceles donde los presos no cabían ni de pie". La jueza abogó por establecer un protocolo de evaluación internacional del índice de cumplimiento de los Derechos Humanos y profundizar en el contenido de la Declaración Universal como elemento de relación con los demás en todos los niveles de la vida.
Antes, un centenar de asistentes a las jornadas participaron en la Plaza del Mentidero en un acto reivindicativo en el que se leyó un manifiesto en el que se defendió como "alternativa real de salida a la crisis, para el buen vivir toda la Humanidad, la reducción de la desigualdad y la polarización social distribuyendo la riqueza y la liberación de la dependencia de los combustibles fósiles desarrollando energías alternativas renovables y relocalizando la economía". También se apostó por "el logro de la soberanía alimentaria de los pueblos eliminando la especulación financiera sobre los bienes alimentarios, energéticos y financieros, la profundización en la democracia y la humanización de la política".
Los periodistas también tuvieron ayer su sitio. Por la mañana, dos veteranos maestros, como Rosa María Calaf y Juan José Téllez, aportaron su visión sobre el tratamiento de los Derechos Humanos en los medios de comunicación. Por la tarde, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz mantuvieron un diálogo con Lorenzo Benítez sobre el libro de los dos primeros. Palabra de Vor es un relato de la entrada de las mafias rusas en España en el sector energético y en el blanqueo de capitales y su amenaza para la libertad de expresión. El abogado y ex juez Javier Gómez de Liaño ha anunciado acciones legales contra ellos "por escribir que la mafia rusa contrata a los mejores abogados españoles, entre ellos a él", aclararon los dos. En otras salas, Paloma Uría hablaba sobre Mujeres, feminismo y Derechos Humanos; Meryem Marzouki, investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica, de Francia, sobre las oportunidades y riesgos de Internet y el psiquiatra Pau Pérez, sobre la tortura en las sociedades democráticas.
Pero si hubo una protagonista de la jornada de ayer fue Mitra -pseudónimo que pretende salvaguardarla de las frecuentes amenazas de muerte que ha padecido-, una joven luchadora afgana, portavoz de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Rawa). Mitra hizo un relato escalofriante de los horrores que viven, sobre todo mujeres y niños, en un país ocupado, a manos de la fuerza militar de la coalición internacional. Esa que supuestamente debía salvarles del fundamentalismo sin límites humanos de los talibanes y de un machismo salvaje autóctono que a menudo desemboca en lapidaciones y en el cruel, brutal y perverso uso del ácido sulfúrico en el rostro.
El colectivo de mujeres que encabeza calcula que "son ya más de 8.000 los civiles asesinados por las tropas de Estados Unidos desde su desembarco en Afganistán", que son decenas de miles los heridos, "muchos por armas químicas como el fósforo", y que "las violaciones de niñas desde los 3 años a abuelas de 75 se han convertido en una práctica común". Todo esto está sucediendo -apuntó- en el segundo país más pobre del mundo, donde más del 85% de la población subsiste al filo de la miseria, donde se produce el 93% del opio del mundo y donde sólo el 10% de las niñas tienen acceso a la educación más elemental. "Con el dinero en armamento que llevan gastados los EE UU se podría reconstruir todo Afganistán", aseguró. Pese a la persecución, Rawa (www.rawa.org) mantiene una importante red de atención sanitaria, psicológica, educativa y de asistencia básica.
"Ningún país puede ofrecer a otro su libertad, la ocupación nunca es liberación", dijo Mitra. "Por eso pedimos la retirada urgente de las fuerzas ocupantes y su solidaridad", añadió. La petición arrancó las disculpas colectivas de varios de los asistentes, que llamaron a exigir al Gobierno español que acabe con la participación del Ejército en la coalición internacional. "A ustedes también les conviene, porque con lo que se ahorrarían, podrían salir de la crisis que están sufriendo", respondió la mujer afgana. No hubo más preguntas ni comentarios. Sólo un enérgico aplauso que duró varios minutos. Muchos aplaudieron en pie.